Artículo publicado en el Diari de Sabadell el viernes 14 de diciembre de 2012

En pocos días hemos vivido dos días con conmemoraciones o celebraciones importantes. Uno es de alcance español, con el 6 de diciembre, dia de la Constitución, en recuerdo del día de 1978 cuando fue validada en referéndum la actual constitucion española. Y el lunes, 10 de diciembre, fue el Día Mundial de los Derechos Humanos, recordando que tal día de 1948 se aprobó en la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las dos fechas han sucedido en un momento de crisis de ambos elementos, tanto de la constitución española como de los derechos humanos. Aunque es el independentismo quien pone en crisis a la constitución, hay realidades que confirman una crisis en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la constitución.

El título primero de la constitución está consagrado exclusivamente a los derechos y deberes de la ciudadanía. La lista de derechos constitucionales españoles es larga, y se remite a las constituciones democráticas modernas, reconociendo los derechos explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU del año 1948. Una de las grandes claves de esta Declaración Universal es el compromiso y la obligación de los países –de los gobiernos- de que los derechos humanos se ejerzan en su máxima plenitud. De hecho, las administraciones públicas son las garantes del ejercicio de los derechos, y sus respectivas legislaciones deben contemplarlo.

Pero en estos tiempos de crisis generalizadas, también el cumplimiento de los derechos reconocidos en la constitución está en crisis. El artículo 9.2 de la Constitución (CE) determina que los poderes públicos tienen que promover la libertad e igualdad reales y efectivas para toda la ciudadanía, eliminando los obstáculos y facilitando la participación en la vida política, económica, cultural y social. La propia crisis, por sí misma, ya se carga estas libertad e igualdad. Además, los recortes y reformas de los gobiernos conservadores en Catalunya y en España inciden más en la destrucción de la libertad e igualdad prescritas en la constitución.

Hay otros derechos constitucionales que están en crisis, en relación a que los poderes públicos garanticen su cumplimiento sin limitaciones. Está el derecho a la educación (art. 27 CE), al trabajo (art. 35), a la redistribución de la renta y al pleno empleo (art. 40), a la atención social (art. 41), a la protección de la salud (art. 43), a la protección ambiental y a la calidad de vida (art. 45), a la vivienda (art. 47), a la atención a las personas con discapacidad (art. 49), a la protección a la tercera edad y a las pensiones dignas y suficientes (art. 50), etc. Incluso hay un artículo curiosísimo, el 42, en el que se afirma que el estado orientará sus políticas al retorno de las personas españolas emigradas al extranjero. La realidad es muy diferente, y las políticas estatales precisamente favorecen la emigración al extranjero, especialmente de personas con buena preparación y capacitación.

En Catalunya, en España y en Europa soplan vientos contrarios a los derechos. Vivimos tiempos en que la hegemonía ideológica conservadora sitúa la austeridad del gasto público y la “salud” del sistema financiero como prioridades. Mientras, decaen los derechos humanos, su cumplimiento y la obligatoriedad de velar por ellos por parte de los poderes públicos. Desgraciadamente, hoy mandan más los derechos de los bancos que no los derechos de la ciudadanía. Y ésta tendría que ser la gran reflexión que debemos hacer como sociedad, como país. No podemos aceptar la desigualdad en la actuación de las administraciones públicas y de los respectivos gobiernos.

El 26 de agosto de 1789 se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en plena revolución francesa. Hoy, 223 años más tarde, desgraciadamente aún tenemos que reflejar los incumplimientos en el ejercicio de estos derechos. Y es especialmente triste cuando son derechos reconocidos en las legislaciones que nos rigen, que democráticamente elaboramos.

Una sociedad que no permite el ejercicio en plenitud y en régimen de igualdad de los derechos humanos es una sociedad con un futuro lleno de injusticias y de desigualdades.

Joan Saumoy i Gregori
Sabadell, diciembre de 2012