Artículo publicado en el Diari de Sabadell el sábado 1 de noviembre de 2013

Se ha montado un enorme escándalo mundial al saberse que los servicios secretos estadounidenses han espiado a buena parte del mundo, amigos y aliados incluidos. El colmo ha sido conocer que espiaban Angela Merkel incluso desde antes de ser la cabeza del gobierno alemán. Los datos iniciales dan miedo: han sido espiados gobernantes de países aparentemente con buena relación con los Estados Unidos de América, como Brasil, Alemania, Francia o México.

Podría encontrarse más o menos lógico que se espíe a países enemigos o sospechosos como China, Irán o Rusia. Pero lo que parecía impensable, espiar a los amigos, ha terminado pasando. Y poco a poco, hemos ido teniendo más información, y cada vez más inquietante. La penúltima noticia ha sido que se han espiado más de 60 millones de llamadas telefónicas en España. Pero para colmo de males, los propios máximos responsables del espionaje estadounidense han confirmado que en realidad el espionaje de llamadas a países como Francia y España lo hacían los servicios secretos nacionales (el CNI en España), pasando después información en EEUU en un intercambio “habitual” de información.

De momento, por tanto, ya sabemos que los servicios secretos en España espían llamadas telefónicas, que se sepa sin autorización judicial. En Cataluña creíamos que el espionaje de base política se limitaba a la agencia de detectives Método 3, que espiaba a todo el mundo por encargo también de casi todo el mundo. Pero ahora ha estallado un nuevo asunto que golpea el panorama del espionaje a Cataluña, y del que no se han hecho eco buena parte de los medios de comunicación catalanes y españoles. En concreto, un organismo del gobierno de la Generalitat ha efectuado por encargo de los Mossos un barrido de redes sociales como Twitter y Facebook recogiendo nombres, opiniones, “tuits”, fotografías, etc., de personas y grupos que criticaban la actuación de los propios Mossos o que patrocinaban campañas como la de no pagar peajes.

Todo ello conforma un panorama en el que la ciudadanía no sabemos dónde situarnos. En principio, siempre se puede decir que quien tiene la conciencia tranquila y no ha hecho nada malo, no tiene motivo para preocuparse. Pero cuando resulta que el espionaje y el archivo de datos y de comunicaciones no tiene nada que ver con ninguna actividad delictiva, sino ideológica o propia simplemente de la acción de un gobierno o de un gobernante, la cosa se pone mucho más negra. Al final, nos aparece un dilema moral en el que se nos propone que elijamos entre seguridad y libertad. Se argumenta que estos espionajes sirven para prevenir nuestra seguridad como país, como sociedad y como personas, razón por la que tenemos que renunciar parcialmente a nuestras libertades. Es el mismo debate que se tenía cuando se propugnaba la extensión de cámaras de seguridad en las plazas de las ciudades. Con el argumento de saber quién nos podía atacar o incluso atacar edificios de la plaza, al final se grababa en vídeo a todo el mundo que pasaba por la plaza a toda hora del día. Y siempre existía el riesgo de que algún irresponsable utilizara de forma perversa los datos grabados, desde un simple encuentro o charla entre personas a un beso o un abrazo entre alguien que teóricamente no debería hacérselo.

El argumento de ceder libertades a cambio de seguridad es un argumento muy peligroso. Significa renunciar al cumplimiento estricto de los derechos humanos, empezando por el de la propia vida e intimidad, pasando por la libertad ideológica y de opinión. Asimismo, nos pone delante la paradoja de que los gobiernos, los máximos responsables de garantizar el ejercicio en plenitud de los derechos humanos, terminan haciendo todo lo posible para limitarlos, incluso de forma muy poco legal. Se entiende perfectamente que toda sociedad necesita vigilancia y seguridad pero, ¿quién controla a los vigilantes?

Cualquier espionaje es, en el fondo, un problema de autoestima. Quien se siente incapaz por sí mismo de sacar adelante un país, una sociedad o un partido político, acaba necesitando saber de los demás, incluso de sus propios conciudadanos. Pero la baja autoestima de algunos no puede comportar la reducción de la libertad de los demás.

Joan Saumoy i Gregori

Sabadell, noviembre de 2013